REDACCIÓN 30/07/2013
El Ayuntamiento de Castellón y la Fundación Punjab han firmado un convenio por el que el consistorio aportará 21.000 euros al desarrollo del proyecto Arpujar, destinado al fomento de acciones de mediación intercultural. Esta aportación de capital, que supone la renovación anual de las subvenciones presupuestadas para proyectos sociales, se dirige esencialmente al colectivo de etnia gitana en el marco de los proyectos desarrollados por AMICS, dentro del II Plan Castellón Ciudad Intercultural. Asimismo, se prevé que la mayor parte de las acciones del convenio se desarrollen en el grupo San Lorenzo.

Que los cónyuges que se estén divorciando podrán recurrir a la mediación familiar en cualquier momento del proceso judicial, como aseguró la semana pasada el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es más una declaración de intenciones que una realidad. En España solo 88 juzgados ofrecen esta posibilidad. Y el año pasado se solicitó este servicio —a través del cual la pareja intenta llegar a un acuerdo en lugar de ponerse en manos del juez— en unos 3.600 divorcios o separaciones, de los más de 120.000 que hubo. En provincias como Zaragoza, Albacete, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife esta opción sencillamente no existe.

Fuentes del ministerio afirman que las medidas del Ejecutivo son de tipo procesal, no organizativo, y que no invaden competencias de las comunidades —a excepción de Castilla y León, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, el resto de las autonomías tiene la potestad de dotar de medios y personal la Justicia de su región—. Es decir, que el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio incorpora facilidades para que las familias opten por la mediación —como la flexibilización de plazos; ahora un proceso judicial se paraliza solo durante dos meses mientras la pareja recurre a un mediador, y este tiempo es insuficiente en muchos casos—, pero no incluye un plan para articular la generalización de la que habló Gallardón. Lo cual significa que habrá exactamente los mismos servicios para, quizás, más casos.

EL PAÍS


Ignacio Bolaños, psicólogo experto en mediación familiar, indica que "lo lógico" sería que, además de promover esta práctica, el Gobierno destinara recursos y no dejara a su suerte a las autonomías. "Defiendo el servicio público, y si una persona es remitida a un determinado servicio por un juez no debería pagar nada, pero no creo que lo dicho por Gallardón pueda llevarse a cabo a no ser que los ciudadanos abonen una tasa", afirma. Según cuenta Bolaños, las tarifas de los mediadores varían mucho, "pero rondan los 90 euros por sesión y normalmente hacen falta cinco o seis". Unos 500 euros. "En cualquier caso, menos dinero que el que se invierte en el procedimiento judicial", añade el psicólogo.

Bolaños, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y forma anualmente a 50 mediadores, explica que en cada comunidad se gestiona este servicio de manera diferente. En algunas, a través de los colegios de psicólogos o abogados, que disponen de una lista de profesionales disponibles para atender los distintos casos. En otras, en los despachos que existen en los propios juzgados. Y, en otras, a través de convenios con centros de mediación familiar, públicos o concertados, habilitados en las autonomías o los Ayuntamientos para casos de mediación extrajudicial, es decir, en los que unos padres quieran resolver problemas con sus hijos, o unos hermanos un conflicto motivado por una herencia en lugar de acudir al juez.

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Fuentes del ministerio sostienen que en muchas ocasiones la mediación intrajudicial se presta de forma gratuita, sin que los profesionales cobren por sus servicios. Bolaños lo desmiente de forma tajante: "Esto ha sucedido de manera puntual cuando se ha puesto en marcha esta práctica en algún juzgado, siempre con la intención de comprobar cómo funcionaba. Pero no ocurre en la actualidad".

La mediación intrajudicial se puso en marcha en los noventa en Barcelona y, a mediados de los años dos mil, cuenta Bolaños, se llegó a un "acuerdo piloto" entre el Consejo General del Poder Judicial y algunas provincias para intentar extender esta práctica. El psicólogo afirma que hay comunidades, "como Cataluña, País Vasco o Madrid", en las que este servicio está "bien organizado" y no hay saturación, y otras, como Cantabria, en las que ni siquiera se presta. Además, es consciente de que la sociedad aún desconoce qué es la mediación. Así que propone una solución. "El Gobierno tendría que organizar una campaña informativa. Los beneficios económicos y emocionales para las familias son enormes. Claro que si el Ejecutivo publicita algo luego tiene que garantizar el servicio. Para eso tiene que poner medios y no sé si está por la labor", concluye.Haz clic aquí para modificar.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón ha dado por finalizado el primer curso de Experto en Mediación Civil y Mercantil que desde abril ha formado a 18 profesionales de distintos ámbitos en la obtención del título de especialista en mediación, una disciplina en la que las Cámaras de Comercio juegan un papel fundamental.

A la última sesión ha acudido el Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, el Excmo. Sr. D. Pascual Ortuño Muñoz, que ha impartido una conferencia ante los alumnos, profesores y representantes de distintos colegios profesionales (Abogados, Notarios, Graduados Sociales, Procuradores) invitados especialmente para la ocasión.

En la clausura se ha recordado que desde que el año pasado se firmase el convenio entre las Cámaras de Comercio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impulsar conjuntamente la mediación, ha quedado patente la eficacia de las Cámaras de Comercio por convertirse en agentes relevantes en esta materia.

“Todo ello redundará sin duda en una mayor seguridad jurídica y en una mayor competitividad de nuestra economía ya que la mediación debe convertirse en una opción atractiva para empresas y ciudadanos que, sin acudir a los Tribunales, zanjen sus controversias de una forma justa, ágil y económica” ha afirmado el Secretario General de la Cámara, Carlos Fabra.

Rosana Benet Valls, en representación de los alumnos, ha intervenido pidiendo “que las Administraciones tengan en cuenta la mediación como alternativa válida de resolución de conflictos”.

Por su parte, Jacinto Ortuño, coordinador del curso, ha recordado que “hoy estos 18 profesionales entran a formar parte del Registro de Mediadores de la Cámara, que esperamos sea utilizado por las Administraciones y la justicia de la provincia en la gestión de conflictos en el ámbito civil y mercantil”

Pascual Ortuño Muñoz ha destacado que “Una de las grandes ventajas de la mediación es que ambas partes salen ganando de forma cooperativa a través de un pacto” y que es esencial la confianza en el mediador, “por ello esta primera promoción de mediadores especialistas formados a través de la Cámara y con un cuadro docente de excepción es la mejor garantía de éxito”.

El servicio de mediación hipotecaria ha conseguido, en su primer año en funcionamiento, que del total de casos atendidos, un 64% culmine en acuerdo entre el ciudadano y la entidad bancaria, antes de llegar al momento de ejecución de la hipoteca.

Este servicio se creó fruto de un convenio entre el Colegio de Abogados de Valencia y el ayuntamiento para las labores de asistencia y mediación extrajudicial en casos de ejecuciones hipotecarias. Este acuerdo será renovado, visto el éxito del servicio, aseguró ayer la alcaldesa, Rita Barberá, tras el encuentro con el decano y secretario de este colegio profesional.

La renovación incluirá novedades para adaptar el convenio a las condiciones actuales, como «el aumento de la frecuencia y los plazos de atención a los interesados para dar más cobertura a la demanda». Esto se logrará gracias a los 1.000 euros que el consistorio se ha comprometido a aportar para incrementar el número de letrados. Esta medida ayudará a «mejorar la prestación del servicio, la coordinación de las citas y la comunicación de las actividades», aclaró la alcaldesa.

CARMONA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El profesor de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar (Amefa), Javier Alés, y el también profesor de la UPO y mediador familiar Juan Diego Mata han afirmado que "el 95 por ciento de los conflictos sometidos a mediación culmina en un acuerdo entre las partes, sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia". Los profesores han realizado estas declaraciones durante el transcurso del 'XI Taller práctico: La magia de la mediación', que se está realizando en los cursos de verano de la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla).

La mediación es un proceso de resolución de conflictos, donde el mediador adopta una posición imparcial y de ayuda, facilitando a las partes a que ellas mismas gestionen sus conflictos, a través del diálogo y la comunicación, llegándose a acuerdos satisfactorios que contemplen las necesidades de las partes, partiéndose de una visión positiva y funcional del conflicto.

"El verdadero éxito del mediador es que consiga que las personas dediquen tiempo a resolver sus problemas, gestionando las circunstancias del conflicto", ha asegurado Juan Diego Mata. Por su parte, Javier Alés ha declarado que las personas que se someten a mediación, por lo general, llegan con una serie de cargas personales, emocionales o laborales, de las que tienen que aprender a liberarse para empezar de nuevo.

El presidente de los mediadores andaluces ha explicado que su asociación atendió el año pasado un total de 830 casos de mediación. Aunque en un principio Amefa atendía mayoritariamente temas familiares, como separaciones, divorcios, nulidades y asuntos económicos, cada vez existen más problemas relacionados con el cuidado de las personas mayores o el de los adolescentes en conflicto, según Alés. Por otra parte, los temas de empresas familiares cada vez son más crecientes en el sector, debido a que son entidades que están sufriendo especialmente el impacto de la crisis económica.

Por otro lado, durante este año se ha iniciado un Servicio Municipal de Mediación en el Ayuntamiento de Sevilla, que viene a confirmar que la línea de proyección de la práctica de la mediación "empieza a crecer, abordando temas como la conflictividad vecinal". Con este experiencia piloto, se trata "una casuística muy real y cercana, donde el ciudadano protagoniza la resolución de sus propios conflictos", según Juan Diego.

La mediación penal, conocida como 'justicia restaurativa', que favorece la posibilidad de encuentro entre la víctima y el agresor, es otro de los casos que se están tratando desde la asociación. De igual manera, se ha abierto una nueva línea de investigación en centros penitenciarios como el de Córdoba, donde se ha proyectado el desarrollo de espacios de convivencia entre presos para la resolución de conflictos en el centro.

Por otro lado, "los recursos humanos de las grandes empresas cada vez demandan más los servicios de mediación, ya que permite resolver los problemas de forma efectiva", ha indicado. "Grandes empresas, con miles de trabajadores, constituyen un pueblo, con sus conflictos y sus problemas", ha sostenido el presidente. También hay lugar para los clásicos, como los proyectos de mediación en centros educativos o asociaciones de vecinos.

"En estos momentos, la Administración reconoce que no puede resolver todos los problemas porque carece de herramientas, al tiempo que admite la importancia de la mediación", sostiene Juan Diego Matas. Precisamente, en julio del año pasado se aprobó la Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, que sienta las bases de la mediación. Según Javier Alés, "esta ley refleja lo que ha sido nuestro trabajo durante mucho tiempo. Y es que, para poder establecer un sistema de justicia de calidad, reconoce que tiene que existir la mediación", ha concluido.

(EuropaPress)