Que los cónyuges que se estén divorciando podrán recurrir a la mediación familiar en cualquier momento del proceso judicial, como aseguró la semana pasada el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es más una declaración de intenciones que una realidad. En España solo 88 juzgados ofrecen esta posibilidad. Y el año pasado se solicitó este servicio —a través del cual la pareja intenta llegar a un acuerdo en lugar de ponerse en manos del juez— en unos 3.600 divorcios o separaciones, de los más de 120.000 que hubo. En provincias como Zaragoza, Albacete, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife esta opción sencillamente no existe.
Fuentes del ministerio afirman que las medidas del Ejecutivo son de tipo procesal, no organizativo, y que no invaden competencias de las comunidades —a excepción de Castilla y León, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, el resto de las autonomías tiene la potestad de dotar de medios y personal la Justicia de su región—. Es decir, que el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio incorpora facilidades para que las familias opten por la mediación —como la flexibilización de plazos; ahora un proceso judicial se paraliza solo durante dos meses mientras la pareja recurre a un mediador, y este tiempo es insuficiente en muchos casos—, pero no incluye un plan para articular la generalización de la que habló Gallardón. Lo cual significa que habrá exactamente los mismos servicios para, quizás, más casos.
EL PAÍS
Ignacio Bolaños, psicólogo experto en mediación familiar, indica que "lo lógico" sería que, además de promover esta práctica, el Gobierno destinara recursos y no dejara a su suerte a las autonomías. "Defiendo el servicio público, y si una persona es remitida a un determinado servicio por un juez no debería pagar nada, pero no creo que lo dicho por Gallardón pueda llevarse a cabo a no ser que los ciudadanos abonen una tasa", afirma. Según cuenta Bolaños, las tarifas de los mediadores varían mucho, "pero rondan los 90 euros por sesión y normalmente hacen falta cinco o seis". Unos 500 euros. "En cualquier caso, menos dinero que el que se invierte en el procedimiento judicial", añade el psicólogo.
Bolaños, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y forma anualmente a 50 mediadores, explica que en cada comunidad se gestiona este servicio de manera diferente. En algunas, a través de los colegios de psicólogos o abogados, que disponen de una lista de profesionales disponibles para atender los distintos casos. En otras, en los despachos que existen en los propios juzgados. Y, en otras, a través de convenios con centros de mediación familiar, públicos o concertados, habilitados en las autonomías o los Ayuntamientos para casos de mediación extrajudicial, es decir, en los que unos padres quieran resolver problemas con sus hijos, o unos hermanos un conflicto motivado por una herencia en lugar de acudir al juez.
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Fuentes del ministerio sostienen que en muchas ocasiones la mediación intrajudicial se presta de forma gratuita, sin que los profesionales cobren por sus servicios. Bolaños lo desmiente de forma tajante: "Esto ha sucedido de manera puntual cuando se ha puesto en marcha esta práctica en algún juzgado, siempre con la intención de comprobar cómo funcionaba. Pero no ocurre en la actualidad".
La mediación intrajudicial se puso en marcha en los noventa en Barcelona y, a mediados de los años dos mil, cuenta Bolaños, se llegó a un "acuerdo piloto" entre el Consejo General del Poder Judicial y algunas provincias para intentar extender esta práctica. El psicólogo afirma que hay comunidades, "como Cataluña, País Vasco o Madrid", en las que este servicio está "bien organizado" y no hay saturación, y otras, como Cantabria, en las que ni siquiera se presta. Además, es consciente de que la sociedad aún desconoce qué es la mediación. Así que propone una solución. "El Gobierno tendría que organizar una campaña informativa. Los beneficios económicos y emocionales para las familias son enormes. Claro que si el Ejecutivo publicita algo luego tiene que garantizar el servicio. Para eso tiene que poner medios y no sé si está por la labor", concluye.Haz clic aquí para modificar.
Fuentes del ministerio afirman que las medidas del Ejecutivo son de tipo procesal, no organizativo, y que no invaden competencias de las comunidades —a excepción de Castilla y León, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, el resto de las autonomías tiene la potestad de dotar de medios y personal la Justicia de su región—. Es decir, que el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio incorpora facilidades para que las familias opten por la mediación —como la flexibilización de plazos; ahora un proceso judicial se paraliza solo durante dos meses mientras la pareja recurre a un mediador, y este tiempo es insuficiente en muchos casos—, pero no incluye un plan para articular la generalización de la que habló Gallardón. Lo cual significa que habrá exactamente los mismos servicios para, quizás, más casos.
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Ignacio Bolaños, psicólogo experto en mediación familiar, indica que "lo lógico" sería que, además de promover esta práctica, el Gobierno destinara recursos y no dejara a su suerte a las autonomías. "Defiendo el servicio público, y si una persona es remitida a un determinado servicio por un juez no debería pagar nada, pero no creo que lo dicho por Gallardón pueda llevarse a cabo a no ser que los ciudadanos abonen una tasa", afirma. Según cuenta Bolaños, las tarifas de los mediadores varían mucho, "pero rondan los 90 euros por sesión y normalmente hacen falta cinco o seis". Unos 500 euros. "En cualquier caso, menos dinero que el que se invierte en el procedimiento judicial", añade el psicólogo.
Bolaños, que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y forma anualmente a 50 mediadores, explica que en cada comunidad se gestiona este servicio de manera diferente. En algunas, a través de los colegios de psicólogos o abogados, que disponen de una lista de profesionales disponibles para atender los distintos casos. En otras, en los despachos que existen en los propios juzgados. Y, en otras, a través de convenios con centros de mediación familiar, públicos o concertados, habilitados en las autonomías o los Ayuntamientos para casos de mediación extrajudicial, es decir, en los que unos padres quieran resolver problemas con sus hijos, o unos hermanos un conflicto motivado por una herencia en lugar de acudir al juez.
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La mediación intrajudicial se puso en marcha en los noventa en Barcelona y, a mediados de los años dos mil, cuenta Bolaños, se llegó a un "acuerdo piloto" entre el Consejo General del Poder Judicial y algunas provincias para intentar extender esta práctica. El psicólogo afirma que hay comunidades, "como Cataluña, País Vasco o Madrid", en las que este servicio está "bien organizado" y no hay saturación, y otras, como Cantabria, en las que ni siquiera se presta. Además, es consciente de que la sociedad aún desconoce qué es la mediación. Así que propone una solución. "El Gobierno tendría que organizar una campaña informativa. Los beneficios económicos y emocionales para las familias son enormes. Claro que si el Ejecutivo publicita algo luego tiene que garantizar el servicio. Para eso tiene que poner medios y no sé si está por la labor", concluye.Haz clic aquí para modificar.
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